La Gobernación del Cesar y la Alcaldía de Valledupar elevaron una solicitud formal al presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, al Ministerio de Hacienda, al DAPRE y al Fondo Colombia en Paz, para garantizar la financiación de proyectos restaurativos en el marco de las primeras sanciones propias que impondrá la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el Caso 03 – Subcaso Costa Caribe.
Esta petición se inscribe dentro de los compromisos con el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, firmado en 2016, el cual establece como prioridad “impulsar la presencia y la acción eficaz del Estado en todo el territorio nacional, en especial en las regiones afectadas por los efectos del conflicto armado interno”.
En la carta enviada al Gobierno Nacional, la gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuan Dávila, y el alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco, subrayan que: “Ante la inminencia de las primeras sentencias de la JEP, que incluyen sanciones propias impuestas a miembros de la antigua guerrilla de las FARC y a integrantes de la fuerza pública, resulta ineludible consolidar una apuesta conjunta que garantice y apoye la materialización de dichas decisiones judiciales.”
Tres proyectos restaurativos clave para el Cesar
La solicitud al presidente Petro incluye el respaldo financiero para la ejecución de tres iniciativas con profundo sentido restaurador y territorial: Centro de Armonización 'Mildred Montero', orientado al buen vivir de las familias del pueblo indígena Kankuamo.
Mausoleo de la memoria, en honor a las 4.146 víctimas de desaparición forzada en el Cesar, como acto simbólico y colectivo de reparación.
Casas Multipropósito: Sanando memorias, reconstruyendo vidas, espacios comunitarios que promueven el encuentro, la reconciliación y la atención integral.
Estos proyectos han sido reconocidos por la JEP dentro del componente restaurador de las sanciones propias y se ajustan con las siete líneas definidas por la jurisdicción para contribuir a la reparación simbólica, la reconstrucción del tejido social y la superación de las causas estructurales del conflicto armado.
Compromisos territoriales y respaldo institucional
El 6 de junio de 2025, se realizó en Valledupar una mesa técnica de trabajo interinstitucional, liderada por la gobernadora del Cesar y el alcalde de Valledupar, con la participación del presidente de la JEP, magistrado Roberto Vidal, representantes de la Diócesis de Valledupar, delegados de las Naciones Unidas y organizaciones de víctimas.
Durante este espacio de articulación se asumieron compromisos concretos, entre ellos: La Gobernación del Cesar dispuso $3.400 millones en cumplimiento a las providencias judiciales proferidas por el Tribunal para la Paz y asumió la formulación técnica de los proyectos del Centro de Armonización y del Mausoleo de la Memoria.
La Alcaldía de Valledupar se comprometió a disponer los terrenos necesarios para las construcciones.
Ambas entidades solicitaron al Gobierno Nacional “los recursos necesarios para la construcción y ejecución de estos proyectos de carácter restaurativo”.
En la misiva, las autoridades territoriales destacan que “el reto en materia de reincorporación y reintegración en el departamento es grande” y que la exclusión social de las personas desmovilizadas ha sido una constante. Por ello, reafirman su disposición institucional para facilitar condiciones dignas y sostenibles de retorno a la vida civil.
Un llamado urgente a respaldar la justicia restaurativa
En su solicitud al presidente Petro, las autoridades cesarenses destacan la urgencia de este respaldo nacional: “Resulta de alta prioridad estratégica la utilización del recurso asignado para la primera anualidad de la subcuenta (cincuenta mil millones), con el que la JEP podrá materializar los primeros proyectos restaurativos que consoliden sus decisiones ante la sociedad civil y ante la humanidad”.
Asimismo, proponen al Gobierno Nacional la instalación de una mesa técnica con las entidades competentes, que permita avanzar en las acciones administrativas y presupuestales necesarias para hacer realidad estas iniciativas en el corto plazo.
La Gobernación del Cesar y la Alcaldía de Valledupar reafirman así su compromiso con la paz, la justicia y la reparación integral de las víctimas del conflicto armado, conscientes de que el cumplimiento del Acuerdo Final es una responsabilidad compartida entre todos los niveles del Estado y la sociedad civil.