Como una forma de reparación integral a las víctimas del conflicto armado en la región y reconociendo la importancia de construir, desde la institucionalidad, un camino hacia la verdad, la justicia y las garantías de no repetición, el Gobierno del Cesar, a través de la Oficina Asesora de Paz, acompañó el Acto de Perdón y Reconocimiento de Responsabilidad por 23 Ejecuciones Extrajudiciales. El acto fue liderado por el Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional, en Valledupar.

“Estamos acompañando solidariamente a las familias víctimas, reconociendo que estos actos representan una de las violaciones más dolorosas y devastadoras que las instituciones del Estado hayan cometido contra su propia ciudadanía. Por eso desde la Oficina Asesora de Paz ofrecemos un abrazo institucional a cada madre, cada padre, cada hijo, cada hermano y a cada familia que perdió a un ser querido, cuya vida les fue arrebatada injustamente”, dijo la jefe de la Oficina Asesora de Paz del Cesar, Juana Pacheco Soto.

Durante el acto, realizado en el auditorio de la Universidad Popular del Cesar, sede Sabanas, el Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional reconocieron públicamente responsabilidad por la ejecución extrajudicial de 23 personas, entre los que se encontraban indígenas de las etnias Wiwa, Kankuamos y Wayuu, así como menores de edad.

Las víctimas fueron presentadas ilegítimamente como bajas en combate por parte de integrantes adscritos a los batallones de Artillería N°2 La Popa y Grupo de Caballería Mecanizado N°2 Juan José Rondón, entre 2004 y 2006.

Entre las víctimas se cuentan Noemí Pacheco Zabata, niña indígena Wiwa de 13 años; Deivis de Jesús Pacheco Hernández, de 17 años; el wiwa Carlos Alberto Vega Camacho; Los indígenas wayúu Javier Pushaina Pushaina, Luis Ángel Fince Ipuana y Gasparito Cambar Ramírez, todos de16 años; Néstor Oñate Arias, indígena Kankuamo, ejecutado tras ser sacado de la finca donde vivía; y Víctor Hugo Maestre, reconocido líder comunal, entre otros.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien presidio el acto, dijo: “estos hechos que hoy recordamos con profundo dolor jamás debieron ocurrir y por ningún motivo podrán repetirse. Pido perdón a las madres, padres, hijos e hijas, hermanos y hermanas a las comunidades indígenas a las que pertenecían las 23 personas que hoy no están aquí y fueron victimas de acciones criminales y reprochables, cometidas por unos exintegrantes del Ejército Nacional. Actos que ameritan un rechazo institucional y la aplicación de la justicia”.

Las investigaciones judiciales demostraron que en ninguno de los casos existió confrontación alguna, que las víctimas estaban desarmadas y que los cuerpos fueron manipulados, uniformados y armados para fabricar resultados operacionales.

“En algunos casos las muertes fueron perpetradas por grupos de autodefensas, quienes entregaron los cuerpos a integrantes del Ejército para simular un parte de victoria. En otros las víctimas fueron engañadas con promesas laborales, trasladándolas desde Montería y Barranquilla hasta las jurisdicciones de las unidades militares responsables de ejecuciones de lesa humanidad”, detalló el ministro Pedro Sánchez.

Las decisiones judiciales también señalaron que estas ejecuciones se dieron en un contexto sistemático de violencia contra los pueblos indígenas de la Sierra Nevada y contra jóvenes de sectores populares del Caribe.

El hijo de Manuel Romero, una de las víctimas, durante el acto dijo que fue un hecho ocurrido hace 23 años: “Fue muy duro para nosotros, mi papá era proveedor del hogar. Nosotros los perdonamos a ustedes, porque no quiero vivir con este resentimiento de que a mi papá lo mató el Ejército”.

Otra de las víctimas, Alba Rosa Ropero Abril, hermana de Alfredo Antonio Ropero, durante su intervención dijo: “Venimos a este acto de La Jagua de Ibirico para dejar claro que mi hermano era un ser noble, sincero que irradiaba amor y tranquilidad. Fue un soñador que creyó en la bondad de las personas y que partió a muy temprana edad por la maldad de quienes debían cuidarlo”.

Lauro Maestre Rodríguez, hermano de Víctor Hugo Maestre, asesinado supuestamente en un combate el 4 de octubre de 2004, aseguró que "se han visto aclarados los hechos que rodearon la muerte de Víctor y lo importante es que se aclare ante el pueblo colombiano”.

Carmen Alicia Ruidíaz Vanegas es la madre de Jaider del Carmen Valderrama y expresó: “Gracias al ministro de Defensa y en especial a las víctimas. Jaider no era un delincuente, no era ningún paraco. Era una persona que se dedicaba a las labores de publicidad y peluquería. Lastimosamente el 21 de marzo del 2003 fue sacado de la casa con engaños para un supuesto trabajo. Al día siguiente fue reportado como muerto en combate por miembros del Batallón de Artillería N°2 La Popa”.

Las sentencias que se han emitido por la JEP han calificado estos hechos como graves violaciones de derechos humanos, homicidios en persona protegida y en varios fallos como crímenes de lesa humanidad.

Desde la Oficina Asesora de Paz del Cesar, Juana Pacheco, reitera que "el Gobierno del Cesar ha asumido un compromiso decidido frente a la reparación de las víctimas destacándose el acompañamiento a estos actos".